El sistema de justicia penal en México castiga mayoritariamente los delitos menores y a las personas en situación de pobreza. Esto no es nuevo, pero hay que añadir que a partir de los años noventa se empezaron a endurecer desproporcionadamente las sanciones penales para cualquier tipo de delito y también se empezó a perseguir con más ahínco el consumo de drogas, lo que irremediablemente provocó un notable incremento de la población carcelaria en el país. Todo esto no es casual y responde a un modelo de justicia penal y penitenciario sumamente punitivo que viene de Estados Unidos y que está estrechamente relacionado con el triunfo del neoliberalismo en la década de 1970. Estas políticas criminales que adoptaron los diferentes gobiernos de México en los últimos 30 años, sólo pretenden controlar el delito con la cárcel, pero sin atender los factores socioeconómicos, que en la mayoría de los casos son los que determinan la actividad delictiva de las personas que están encarceladas.
Para conocer algunas de las consecuencias de estas políticas criminales, se exponen los testimo-nios de personas que estuvieron presas y de algunos miembros de sus familias, que nos hablan de las secuelas económicas, sociales, personales y familiares del encarcelamiento. Estos testimonios dejan muy claro que los efectos de la cárcel son devastadores, sobre todo, por el hacinamiento, la violencia, el abuso y el acoso que sufren los presos mexicanos por parte de sus propios compañeros y de los custodios. Pero, además, la cárcel genera más pobreza, más desigualdad y, en última instancia, más delincuencia por las características propias de los penales de este país y por las enormes dificultades que enfrentan las personas que han estado presas para reinsertarse a la sociedad, entre otras razones, debido a los múltiples obstáculos que tienen que sortear para conseguir un trabajo que les permita vivir dignamente.
