El Asesoramiento Jurídico Popular, así denominado por sus propias connotaciones, constituyó un indiscutible instrumento de defensa legal de vastos sectores sociales, en circunstancias en las que la vigencia de un conglomerado de instrumentos legales y de la institucionalidad jurídica, se vio sensiblemente afectada por la presencia de regímenes de facto caracterizados por una permanente y sistemática negación de los fundamentales derechos individuales y colectivos, no sólo desconocidos de manera persistente sino incluso reemplazada dos por una aparente normatividad sesgada y arbitraria impuesta por el carácter totalitario y antidemocrático de modelos de estrado impuestos en América Latina, a partir de gobiernos militares sustentados en la doctrina de la seguridad nacional aplicada básicamente en la década de los años setenta y ochenta.
En ese escenario caracterizado por el atropello y la violación a las libertades ciudadanas, el rol que cumplieron entidades y profesionales del derecho enfrentado con evidentes dificultades y limitaciones al poder del estado ilegítimo, fue una fundamental contribución no sólo a la defensa vigorosa de los derechos humanos, sino también a la creación y en su caso al fortalecimiento de una sólida conciencia colectiva que orientó su comportamiento a la recuperación de la democracia y al restablecimiento del estado de derecho.
Un notorio partícipe de esa experiencia, fue y de manera destacada el autor de esta obra denominada El Derecho del poder contra el poder
