¿Cuál es el papel adecuado de los tribunales en un Estado de Derecho? ¿Pueden reemplazar o corregir las decisiones de las legislaturas, integradas por personas elegidas por el voto de las mayorías? ¿Deberían compartir con el Congreso la potestad de interpretar las leyes? Dicho de otro modo, ¿quién debería tener la última palabra en la traducción de la Constitución y las leyes a la vida cotidiana?
En este libro de extraordinaria influencia, que renovó de raíz el pensamiento jurídico contemporáneo, Mark Tushnet despliega los efectos positivos de un papel más débil por parte del Poder Judicial, un sistema en el que los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo participen abiertamente en la interpretación constitucional. Postula, además, una concepción más fuerte de los derechos sociales y económicos, que deberían quedar bajo la custodia activa de todas las ramas de gobierno (en primer lugar, las ramas políticas).
