Este libro se inscribe en una nueva corriente de investigación denominada antropología del estado. Su objeto principal consiste en hacer una etnografía de los juzgados, de las prácticas e ideaciones de las instituciones de justicia. Para ello, el autor emprende una exploración inusual, en la que el sujeto de estudio no son los grupos marginales ni las culturas subalternas, sino la clase en el poder y el gremio que detentan el monopolio de la ley. No son las etnias ni las ceremonias sagradas con quienes se aplica el método de la observación participante, sino el linaje de los magistrados, sus rituales de normalización y las representaciones que hacen sobre la diferencia. Si México ha firmado tratados internacionales sobre derechos indíge¬nas y la constitución política garantiza el pleno acceso de los pueblos originarios a la jurisdicción del estado, tomando en cuenta para ello sus prácticas colectivas e individuales, es válido preguntarse: ¿qué alcance han tenido estas reformas legislativas?, ¿cómo se acomoda el de¬recho positivo ante la presencia de conductas extrañas y la vigencia del pluralismo jurídico?, ¿se reconocen las normas comunitarias y la autonomía de los pueblos o se reiteran los prejuicios y estereotipos sobre el atraso cultural y la minoría de edad de los indígenas? Éste es un testimonio directo de un perito antropólogo que participó en varios procesos incriminatorios contra indígenas y logró penetrar en la intimidad de las resoluciones judiciales para saber si persisten los sentimientos etnofóbicos de la nación o si está surgiendo una hermenéutica intercultural.
